Diplomacy & Defense Think Tank News

Über zehn Jahre mussten Apple-Watch-Nutzer warten, jetzt ist der Messenger endlich offiziell fürs Handgelenk da. Die neue App bringt Chatfunktionen direkt auf die Smartwatch.

Über dem Flughafen Göteborg wurden am Donnerstagabend Drohnen gesichtet. Aus diesem Grund ist der Flughafen derzeit gesperrt.

Der F-35-Deal ist zum nächsten Rüstungsskandal geworden. Die USA wollen nichts vom Fixpreis wissen, den sie Viola Amherd angeblich versprochen haben. Das könnte die Schweiz teuer zu stehen kommen. Die SVP fordert Konsequenzen – der Bundesrat schliesst solche nicht aus.

Assad ist im Dezember 2024 in Syrien gestürzt worden und erhielt von Putin Asyl. Seither lebt der Diktator zwar in Luxus, aber offenbar auch in grosser Langeweile. Hinzu kommt die Ungewissheit, ob Putin ihn der neuen syrischen Regierung als Gegengeschäft ausliefert.

Gute Nachrichten für den Einkaufstourismus. In den nächsten Wochen soll eine App erscheinen, die es ermöglicht, sich die Mehrwertsteuer via App zurückerstatten zu lassen. Das soll den Einkauf im Ausland rundum vereinfachen. Unsere Leserschaft hat allerdings Bedenken.

La crisis de desplazamiento venezolana se ha convertido en un momento decisivo en la dinámica migratoria Sur-Sur en toda América Latina. Desde 2015, la grave escasez de alimentos y medicamentos, la creciente inflación y las violaciones generalizadas de los derechos humanos han provocado un éxodo masivo desde Venezuela. En junio de 2024, el agravamiento del colapso humanitario y económico bajo el gobierno autoritario de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, había obligado a al menos 7,7 millones de venezolanos a abandonar el país. De ellos, 6,5 millones permanecen en América Latina y el Caribe, y casi 3 millones residen en Colombia.
Esta situación ha supuesto un reto importante para el Gobierno colombiano durante la última década. Por un lado, las instituciones colombianas no estaban preparadas para gestionar un gran número de refugiados. Por otro lado, las comunidades de acogida han tenido que hacer frente a problemas socioeconómicos estructurales de larga data, como la pobreza y la informalidad laboral. Además, los recientes cambios en la política estadounidense y los enormes recortes en la ayuda han deteriorado aún más la situación en Colombia.
Este informe de políticas se centra en las dinámicas de la cohesión social en el contexto colombiano del desplazamiento de venezolanos y colombianos retornados. Muestra que las narrativas negativas sobre los venezolanos han disminuido en los últimos diez años. Ambas comunidades han aprendido a convivir en relativa armonía a pesar de los continuos retos económicos y sociales a los que se enfrentan. Este informe de políticas ofrece recomendaciones para mejorar la cohesión social en las comunidades de 
acogida que reciben a los venezolanos desplazados en Colombia.
Mensajes políticos clave:
• Continuar con los programas de regularización, garantizar la igualdad de acceso a los servicios básicos y apoyar los esfuerzos de inclusión socioeconómica y cultural de los gobiernos a nivel local para la población venezolana y las comunidades de acogida, especialmente en lo que respecta al acceso al mercado laboral.
• Colaborar con los actores locales que trabajan en la construcción de la paz, tanto estatales como no estatales, para desarrollar una comprensión común de la violencia en Colombia y de las rutas de asistencia del Estado para los venezolanos afectados y sus comunidades de acogida. Muchos venezolanos tienen dificultades para comprender el prolongado conflicto colombiano y cómo la violencia impregna la sociedad y sus comunidades de acogida.
• Aprovechar los esfuerzos locales para frenar la xenofobia y la discriminación por parte de las mujeres líderes comunitarias que han ayudado a abordar estas cuestiones conjuntamente con venezolanas y colombianas. Las cuestiones de xenofobia y discriminación, en particular hacia las mujeres y las personas LGBTQ+, perjudican la cohesión social.
• Abordar las narrativas negativas que se difunden principalmente a través de los medios de comunicación convencionales y, en algunos casos, por parte de los políticos locales, con verificación de datos y mensajes positivos sobre la migración.

 

La crisis de desplazamiento venezolana se ha convertido en un momento decisivo en la dinámica migratoria Sur-Sur en toda América Latina. Desde 2015, la grave escasez de alimentos y medicamentos, la creciente inflación y las violaciones generalizadas de los derechos humanos han provocado un éxodo masivo desde Venezuela. En junio de 2024, el agravamiento del colapso humanitario y económico bajo el gobierno autoritario de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, había obligado a al menos 7,7 millones de venezolanos a abandonar el país. De ellos, 6,5 millones permanecen en América Latina y el Caribe, y casi 3 millones residen en Colombia.
Esta situación ha supuesto un reto importante para el Gobierno colombiano durante la última década. Por un lado, las instituciones colombianas no estaban preparadas para gestionar un gran número de refugiados. Por otro lado, las comunidades de acogida han tenido que hacer frente a problemas socioeconómicos estructurales de larga data, como la pobreza y la informalidad laboral. Además, los recientes cambios en la política estadounidense y los enormes recortes en la ayuda han deteriorado aún más la situación en Colombia.
Este informe de políticas se centra en las dinámicas de la cohesión social en el contexto colombiano del desplazamiento de venezolanos y colombianos retornados. Muestra que las narrativas negativas sobre los venezolanos han disminuido en los últimos diez años. Ambas comunidades han aprendido a convivir en relativa armonía a pesar de los continuos retos económicos y sociales a los que se enfrentan. Este informe de políticas ofrece recomendaciones para mejorar la cohesión social en las comunidades de 
acogida que reciben a los venezolanos desplazados en Colombia.
Mensajes políticos clave:
• Continuar con los programas de regularización, garantizar la igualdad de acceso a los servicios básicos y apoyar los esfuerzos de inclusión socioeconómica y cultural de los gobiernos a nivel local para la población venezolana y las comunidades de acogida, especialmente en lo que respecta al acceso al mercado laboral.
• Colaborar con los actores locales que trabajan en la construcción de la paz, tanto estatales como no estatales, para desarrollar una comprensión común de la violencia en Colombia y de las rutas de asistencia del Estado para los venezolanos afectados y sus comunidades de acogida. Muchos venezolanos tienen dificultades para comprender el prolongado conflicto colombiano y cómo la violencia impregna la sociedad y sus comunidades de acogida.
• Aprovechar los esfuerzos locales para frenar la xenofobia y la discriminación por parte de las mujeres líderes comunitarias que han ayudado a abordar estas cuestiones conjuntamente con venezolanas y colombianas. Las cuestiones de xenofobia y discriminación, en particular hacia las mujeres y las personas LGBTQ+, perjudican la cohesión social.
• Abordar las narrativas negativas que se difunden principalmente a través de los medios de comunicación convencionales y, en algunos casos, por parte de los políticos locales, con verificación de datos y mensajes positivos sobre la migración.

 

La crisis de desplazamiento venezolana se ha convertido en un momento decisivo en la dinámica migratoria Sur-Sur en toda América Latina. Desde 2015, la grave escasez de alimentos y medicamentos, la creciente inflación y las violaciones generalizadas de los derechos humanos han provocado un éxodo masivo desde Venezuela. En junio de 2024, el agravamiento del colapso humanitario y económico bajo el gobierno autoritario de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, había obligado a al menos 7,7 millones de venezolanos a abandonar el país. De ellos, 6,5 millones permanecen en América Latina y el Caribe, y casi 3 millones residen en Colombia.
Esta situación ha supuesto un reto importante para el Gobierno colombiano durante la última década. Por un lado, las instituciones colombianas no estaban preparadas para gestionar un gran número de refugiados. Por otro lado, las comunidades de acogida han tenido que hacer frente a problemas socioeconómicos estructurales de larga data, como la pobreza y la informalidad laboral. Además, los recientes cambios en la política estadounidense y los enormes recortes en la ayuda han deteriorado aún más la situación en Colombia.
Este informe de políticas se centra en las dinámicas de la cohesión social en el contexto colombiano del desplazamiento de venezolanos y colombianos retornados. Muestra que las narrativas negativas sobre los venezolanos han disminuido en los últimos diez años. Ambas comunidades han aprendido a convivir en relativa armonía a pesar de los continuos retos económicos y sociales a los que se enfrentan. Este informe de políticas ofrece recomendaciones para mejorar la cohesión social en las comunidades de 
acogida que reciben a los venezolanos desplazados en Colombia.
Mensajes políticos clave:
• Continuar con los programas de regularización, garantizar la igualdad de acceso a los servicios básicos y apoyar los esfuerzos de inclusión socioeconómica y cultural de los gobiernos a nivel local para la población venezolana y las comunidades de acogida, especialmente en lo que respecta al acceso al mercado laboral.
• Colaborar con los actores locales que trabajan en la construcción de la paz, tanto estatales como no estatales, para desarrollar una comprensión común de la violencia en Colombia y de las rutas de asistencia del Estado para los venezolanos afectados y sus comunidades de acogida. Muchos venezolanos tienen dificultades para comprender el prolongado conflicto colombiano y cómo la violencia impregna la sociedad y sus comunidades de acogida.
• Aprovechar los esfuerzos locales para frenar la xenofobia y la discriminación por parte de las mujeres líderes comunitarias que han ayudado a abordar estas cuestiones conjuntamente con venezolanas y colombianas. Las cuestiones de xenofobia y discriminación, en particular hacia las mujeres y las personas LGBTQ+, perjudican la cohesión social.
• Abordar las narrativas negativas que se difunden principalmente a través de los medios de comunicación convencionales y, en algunos casos, por parte de los políticos locales, con verificación de datos y mensajes positivos sobre la migración.

 

The Venezuelan displacement crisis has become a defining moment in South-South migration dynamics across Latin America. Since 2015, severe food shortages, medicine scarcity, soaring inflation and widespread human rights violations have driven a massive exodus from Venezuela. By June 2024, the deepening humanitarian and economic collapse under Nicolás Maduro’s authoritarian government – in power since 2013 – had forced at least 7.7 million Venezuelans to leave the country. Of these, 6.5 million remain in Latin America and the Caribbean, with nearly 3 million residing in Colombia.
This situation has posed a significant challenge for the Colombian government over the past decade. On the one hand, Colombian institutions were not equipped to manage large numbers of refugees. On the other hand, host communities have had to deal with long-standing structural socioeconomic issues such as poverty and job informality. Additionally, recent US policy shifts and immense aid cuts have further deteriorated the situation in Colombia. 
This policy brief focuses on social cohesion dynamics in the Colombian context of the displacement of Venezuelans and Colombian returnees. It shows that negative narratives about Venezuelans have declined over the past ten years. Both communities have learned to live jointly in relative harmony despite the ongoing economic and social challenges they face. This policy brief offers recommendations 
for improving social cohesion in host communities that receive displaced Venezuelans in Colombia.
Key policy messages:
• Continue regularisation programmes, ensure equal access to basic services and support socioeconomic and cultural inclusion efforts from governments at the local level for Venezuelans and host communities, especially regarding access to the labour market. 
• Engage with local peacebuilding actors, both non-state and state, to develop a shared understanding of violence in Colombia and the State’s assistance pathways for affected Venezuelans and their host communities. Many Venezuelans struggle to understand the long-standing Colombian conflict and how the violence permeates society and their host communities. 
• Build on the local efforts to tamp down xenophobia and discrimination by women community leaders who have helped address these jointly with Venezuelans and Colombians. Issues of xenophobia and discrimination, particularly towards women and LGBTQ+ persons, harm social cohesion. 
• Address negative narratives that are spread mostly through mainstream media, and, in some cases, by local politicians, with fact-checking and positive messages around migration. 

 

The Venezuelan displacement crisis has become a defining moment in South-South migration dynamics across Latin America. Since 2015, severe food shortages, medicine scarcity, soaring inflation and widespread human rights violations have driven a massive exodus from Venezuela. By June 2024, the deepening humanitarian and economic collapse under Nicolás Maduro’s authoritarian government – in power since 2013 – had forced at least 7.7 million Venezuelans to leave the country. Of these, 6.5 million remain in Latin America and the Caribbean, with nearly 3 million residing in Colombia.
This situation has posed a significant challenge for the Colombian government over the past decade. On the one hand, Colombian institutions were not equipped to manage large numbers of refugees. On the other hand, host communities have had to deal with long-standing structural socioeconomic issues such as poverty and job informality. Additionally, recent US policy shifts and immense aid cuts have further deteriorated the situation in Colombia. 
This policy brief focuses on social cohesion dynamics in the Colombian context of the displacement of Venezuelans and Colombian returnees. It shows that negative narratives about Venezuelans have declined over the past ten years. Both communities have learned to live jointly in relative harmony despite the ongoing economic and social challenges they face. This policy brief offers recommendations 
for improving social cohesion in host communities that receive displaced Venezuelans in Colombia.
Key policy messages:
• Continue regularisation programmes, ensure equal access to basic services and support socioeconomic and cultural inclusion efforts from governments at the local level for Venezuelans and host communities, especially regarding access to the labour market. 
• Engage with local peacebuilding actors, both non-state and state, to develop a shared understanding of violence in Colombia and the State’s assistance pathways for affected Venezuelans and their host communities. Many Venezuelans struggle to understand the long-standing Colombian conflict and how the violence permeates society and their host communities. 
• Build on the local efforts to tamp down xenophobia and discrimination by women community leaders who have helped address these jointly with Venezuelans and Colombians. Issues of xenophobia and discrimination, particularly towards women and LGBTQ+ persons, harm social cohesion. 
• Address negative narratives that are spread mostly through mainstream media, and, in some cases, by local politicians, with fact-checking and positive messages around migration. 

 

The Venezuelan displacement crisis has become a defining moment in South-South migration dynamics across Latin America. Since 2015, severe food shortages, medicine scarcity, soaring inflation and widespread human rights violations have driven a massive exodus from Venezuela. By June 2024, the deepening humanitarian and economic collapse under Nicolás Maduro’s authoritarian government – in power since 2013 – had forced at least 7.7 million Venezuelans to leave the country. Of these, 6.5 million remain in Latin America and the Caribbean, with nearly 3 million residing in Colombia.
This situation has posed a significant challenge for the Colombian government over the past decade. On the one hand, Colombian institutions were not equipped to manage large numbers of refugees. On the other hand, host communities have had to deal with long-standing structural socioeconomic issues such as poverty and job informality. Additionally, recent US policy shifts and immense aid cuts have further deteriorated the situation in Colombia. 
This policy brief focuses on social cohesion dynamics in the Colombian context of the displacement of Venezuelans and Colombian returnees. It shows that negative narratives about Venezuelans have declined over the past ten years. Both communities have learned to live jointly in relative harmony despite the ongoing economic and social challenges they face. This policy brief offers recommendations 
for improving social cohesion in host communities that receive displaced Venezuelans in Colombia.
Key policy messages:
• Continue regularisation programmes, ensure equal access to basic services and support socioeconomic and cultural inclusion efforts from governments at the local level for Venezuelans and host communities, especially regarding access to the labour market. 
• Engage with local peacebuilding actors, both non-state and state, to develop a shared understanding of violence in Colombia and the State’s assistance pathways for affected Venezuelans and their host communities. Many Venezuelans struggle to understand the long-standing Colombian conflict and how the violence permeates society and their host communities. 
• Build on the local efforts to tamp down xenophobia and discrimination by women community leaders who have helped address these jointly with Venezuelans and Colombians. Issues of xenophobia and discrimination, particularly towards women and LGBTQ+ persons, harm social cohesion. 
• Address negative narratives that are spread mostly through mainstream media, and, in some cases, by local politicians, with fact-checking and positive messages around migration. 

 

Europe faces critical choices about its relationship with the rest of the world as it begin to negotiate the post 2028 EU budget. The broad consensus sees strength and prosperity of the Union in terms of its competitiveness, with research, innovation and skills at the heart of the European economy. As such, even actions focused on the needs and opportunities in Europe are defined in relation to other countries and global regions. This underscores the importance of ensuring the novel Global Europe funding instrument is designed correctly. Europe’s capacity to cooperate with the world, especially with low- and middle-income countries (LMICs), will be shaped by the funding allocations and spending rules decided upon in the next months. However, there are questions about how research, innovation and higher education fits into this global outlook: will these aspects of cooperation with LMICs remain peripheral, or can they be recognised as a strategic enabler of European competitiveness and better implemented to address shared global challenges?

Europe faces critical choices about its relationship with the rest of the world as it begin to negotiate the post 2028 EU budget. The broad consensus sees strength and prosperity of the Union in terms of its competitiveness, with research, innovation and skills at the heart of the European economy. As such, even actions focused on the needs and opportunities in Europe are defined in relation to other countries and global regions. This underscores the importance of ensuring the novel Global Europe funding instrument is designed correctly. Europe’s capacity to cooperate with the world, especially with low- and middle-income countries (LMICs), will be shaped by the funding allocations and spending rules decided upon in the next months. However, there are questions about how research, innovation and higher education fits into this global outlook: will these aspects of cooperation with LMICs remain peripheral, or can they be recognised as a strategic enabler of European competitiveness and better implemented to address shared global challenges?

Europe faces critical choices about its relationship with the rest of the world as it begin to negotiate the post 2028 EU budget. The broad consensus sees strength and prosperity of the Union in terms of its competitiveness, with research, innovation and skills at the heart of the European economy. As such, even actions focused on the needs and opportunities in Europe are defined in relation to other countries and global regions. This underscores the importance of ensuring the novel Global Europe funding instrument is designed correctly. Europe’s capacity to cooperate with the world, especially with low- and middle-income countries (LMICs), will be shaped by the funding allocations and spending rules decided upon in the next months. However, there are questions about how research, innovation and higher education fits into this global outlook: will these aspects of cooperation with LMICs remain peripheral, or can they be recognised as a strategic enabler of European competitiveness and better implemented to address shared global challenges?

Athens hopes goat-tracking database will rebuild EU and farmers' trust after CAP scandal

Deutschland und Marokko verbindet eine lange Geschichte der Entwicklungszusammenarbeit, die sich heute unter veränderten regionalen und internationalen Bedingungen weiterentwickelt. Diese Partnerschaft kommt beiden Ländern zugute und birgt erhebliches Potenzial. Marokko hat sich zu einem wichtigen Akteur in Nord- und Westafrika entwickelt und seinen wirtschaftlichen, militärischen und geopolitischen Einfluss gestärkt. Es profitiert von deutschem Fachwissen, Investitionen und strategischer Unterstützung. Deutschland kann sich die Zusammenarbeit mit Marokko noch stärker zunutze machen, um seine wirtschaftlichen, technologischen und diplomatischen Interessen voranzubringen.
Allerdings verändern globale Dynamiken die deutsch-marokkanische Zusammenarbeit. Traditionelle Entwicklungszusammenarbeit, bei der westliche Staaten dem „Globalen Süden“ Hilfe leisten, verliert an Bedeutung. Stattdessen nehmen Transaktionsbeziehungen im Sinne gegenseitiger wirtschaftlicher, kommerzieller und politischer Vorteile zu. Dieser pragmatische Ansatz muss jedoch weiterhin in Kooperationsnormen eingebettet sein, die Menschenrechte, soziale Inklusion und ökologische Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen. Diese Prinzipien bilden die Grundlage für langfristige Vorteile für die Gesellschaften beider Länder.
Deutschland sollte sich als Partner positionieren, der seine Interessen klar definiert und strategische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Unterstützung einer inklusiven und nachhaltigen Entwicklung verbindet. Wenn Kompromisse erforderlich sind, müssen diese identifiziert und adressiert werden oder notfalls dazu führen, dass Deutschland in bestimmten Bereichen auf Zusammenarbeit verzichtet. Trotz erfolgreicher Armutsreduzierung bestehen in Marokko weiterhin erhebliche sozioökonomische Ungleichheiten, die durch Klimawandel, eingeschränkten Zugang zu Gesundheit und Bildung sowie mangelnde Governance weiter zunehmen. Internationale Partner können Marokko bei der Bewältigung dieser Probleme unterstützen.
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine Außenpolitik formuliert, die Interessen verfolgt und Werte durch starke Partnerschaften mit wichtigen Ländern verteidigt. Die Entwicklungszusammenarbeit ist ein zentraler Bestandteil dieser Beziehungen – um Entwicklung nachhaltig zu gestalten und um Türen für eine umfassende Kooperationspolitik zu öffnen. Marokkanische Gesprächspartner*innen aus Regierung, Forschung und Zivilgesellschaft, die für dieses Papier befragt wurden, betonten, dass ihr Land genau diese Art von Beziehung aufbauen möchte.
Vier strategische Schlüsselbereiche werden die bilaterale Zusammenarbeit in den nächsten zehn Jahren vorrausichtlich bestimmen:
1. Geostrategische Interessen – vor allem der Status der Westsahara und die Beziehungen zu Afrika;
2. Infrastruktur und Investitionen – insbesondere private und öffentliche Investitionen in Infrastruktur, Konnektivität und Energie;
3. Beschäftigung, Fachkräfte und Migration – mit Fokus auf legale Migration, berufliche Bildung und den Arbeitskräftebedarf beider Länder; und
4. Governance für das Gemeinwohl – vor allem im Klimaschutz und für transparente, rechenschaftspflichtige und inklusive Regierungsführung auf lokaler wie internationaler Ebene.
Deutschland und Marokko haben in über 50 Jahren Entwicklungszusammenarbeit erhebliches Vertrauen aufgebaut – eine solide Basis für eine strategischere Partnerschaft. Die Verwirklichung dieses Potenzials erfordert jedoch Klarheit über die jeweiligen Prioritäten, Anpassungsbereitschaft und roten Linien.

Deutschland und Marokko verbindet eine lange Geschichte der Entwicklungszusammenarbeit, die sich heute unter veränderten regionalen und internationalen Bedingungen weiterentwickelt. Diese Partnerschaft kommt beiden Ländern zugute und birgt erhebliches Potenzial. Marokko hat sich zu einem wichtigen Akteur in Nord- und Westafrika entwickelt und seinen wirtschaftlichen, militärischen und geopolitischen Einfluss gestärkt. Es profitiert von deutschem Fachwissen, Investitionen und strategischer Unterstützung. Deutschland kann sich die Zusammenarbeit mit Marokko noch stärker zunutze machen, um seine wirtschaftlichen, technologischen und diplomatischen Interessen voranzubringen.
Allerdings verändern globale Dynamiken die deutsch-marokkanische Zusammenarbeit. Traditionelle Entwicklungszusammenarbeit, bei der westliche Staaten dem „Globalen Süden“ Hilfe leisten, verliert an Bedeutung. Stattdessen nehmen Transaktionsbeziehungen im Sinne gegenseitiger wirtschaftlicher, kommerzieller und politischer Vorteile zu. Dieser pragmatische Ansatz muss jedoch weiterhin in Kooperationsnormen eingebettet sein, die Menschenrechte, soziale Inklusion und ökologische Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen. Diese Prinzipien bilden die Grundlage für langfristige Vorteile für die Gesellschaften beider Länder.
Deutschland sollte sich als Partner positionieren, der seine Interessen klar definiert und strategische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Unterstützung einer inklusiven und nachhaltigen Entwicklung verbindet. Wenn Kompromisse erforderlich sind, müssen diese identifiziert und adressiert werden oder notfalls dazu führen, dass Deutschland in bestimmten Bereichen auf Zusammenarbeit verzichtet. Trotz erfolgreicher Armutsreduzierung bestehen in Marokko weiterhin erhebliche sozioökonomische Ungleichheiten, die durch Klimawandel, eingeschränkten Zugang zu Gesundheit und Bildung sowie mangelnde Governance weiter zunehmen. Internationale Partner können Marokko bei der Bewältigung dieser Probleme unterstützen.
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine Außenpolitik formuliert, die Interessen verfolgt und Werte durch starke Partnerschaften mit wichtigen Ländern verteidigt. Die Entwicklungszusammenarbeit ist ein zentraler Bestandteil dieser Beziehungen – um Entwicklung nachhaltig zu gestalten und um Türen für eine umfassende Kooperationspolitik zu öffnen. Marokkanische Gesprächspartner*innen aus Regierung, Forschung und Zivilgesellschaft, die für dieses Papier befragt wurden, betonten, dass ihr Land genau diese Art von Beziehung aufbauen möchte.
Vier strategische Schlüsselbereiche werden die bilaterale Zusammenarbeit in den nächsten zehn Jahren vorrausichtlich bestimmen:
1. Geostrategische Interessen – vor allem der Status der Westsahara und die Beziehungen zu Afrika;
2. Infrastruktur und Investitionen – insbesondere private und öffentliche Investitionen in Infrastruktur, Konnektivität und Energie;
3. Beschäftigung, Fachkräfte und Migration – mit Fokus auf legale Migration, berufliche Bildung und den Arbeitskräftebedarf beider Länder; und
4. Governance für das Gemeinwohl – vor allem im Klimaschutz und für transparente, rechenschaftspflichtige und inklusive Regierungsführung auf lokaler wie internationaler Ebene.
Deutschland und Marokko haben in über 50 Jahren Entwicklungszusammenarbeit erhebliches Vertrauen aufgebaut – eine solide Basis für eine strategischere Partnerschaft. Die Verwirklichung dieses Potenzials erfordert jedoch Klarheit über die jeweiligen Prioritäten, Anpassungsbereitschaft und roten Linien.

Deutschland und Marokko verbindet eine lange Geschichte der Entwicklungszusammenarbeit, die sich heute unter veränderten regionalen und internationalen Bedingungen weiterentwickelt. Diese Partnerschaft kommt beiden Ländern zugute und birgt erhebliches Potenzial. Marokko hat sich zu einem wichtigen Akteur in Nord- und Westafrika entwickelt und seinen wirtschaftlichen, militärischen und geopolitischen Einfluss gestärkt. Es profitiert von deutschem Fachwissen, Investitionen und strategischer Unterstützung. Deutschland kann sich die Zusammenarbeit mit Marokko noch stärker zunutze machen, um seine wirtschaftlichen, technologischen und diplomatischen Interessen voranzubringen.
Allerdings verändern globale Dynamiken die deutsch-marokkanische Zusammenarbeit. Traditionelle Entwicklungszusammenarbeit, bei der westliche Staaten dem „Globalen Süden“ Hilfe leisten, verliert an Bedeutung. Stattdessen nehmen Transaktionsbeziehungen im Sinne gegenseitiger wirtschaftlicher, kommerzieller und politischer Vorteile zu. Dieser pragmatische Ansatz muss jedoch weiterhin in Kooperationsnormen eingebettet sein, die Menschenrechte, soziale Inklusion und ökologische Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen. Diese Prinzipien bilden die Grundlage für langfristige Vorteile für die Gesellschaften beider Länder.
Deutschland sollte sich als Partner positionieren, der seine Interessen klar definiert und strategische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Unterstützung einer inklusiven und nachhaltigen Entwicklung verbindet. Wenn Kompromisse erforderlich sind, müssen diese identifiziert und adressiert werden oder notfalls dazu führen, dass Deutschland in bestimmten Bereichen auf Zusammenarbeit verzichtet. Trotz erfolgreicher Armutsreduzierung bestehen in Marokko weiterhin erhebliche sozioökonomische Ungleichheiten, die durch Klimawandel, eingeschränkten Zugang zu Gesundheit und Bildung sowie mangelnde Governance weiter zunehmen. Internationale Partner können Marokko bei der Bewältigung dieser Probleme unterstützen.
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine Außenpolitik formuliert, die Interessen verfolgt und Werte durch starke Partnerschaften mit wichtigen Ländern verteidigt. Die Entwicklungszusammenarbeit ist ein zentraler Bestandteil dieser Beziehungen – um Entwicklung nachhaltig zu gestalten und um Türen für eine umfassende Kooperationspolitik zu öffnen. Marokkanische Gesprächspartner*innen aus Regierung, Forschung und Zivilgesellschaft, die für dieses Papier befragt wurden, betonten, dass ihr Land genau diese Art von Beziehung aufbauen möchte.
Vier strategische Schlüsselbereiche werden die bilaterale Zusammenarbeit in den nächsten zehn Jahren vorrausichtlich bestimmen:
1. Geostrategische Interessen – vor allem der Status der Westsahara und die Beziehungen zu Afrika;
2. Infrastruktur und Investitionen – insbesondere private und öffentliche Investitionen in Infrastruktur, Konnektivität und Energie;
3. Beschäftigung, Fachkräfte und Migration – mit Fokus auf legale Migration, berufliche Bildung und den Arbeitskräftebedarf beider Länder; und
4. Governance für das Gemeinwohl – vor allem im Klimaschutz und für transparente, rechenschaftspflichtige und inklusive Regierungsführung auf lokaler wie internationaler Ebene.
Deutschland und Marokko haben in über 50 Jahren Entwicklungszusammenarbeit erhebliches Vertrauen aufgebaut – eine solide Basis für eine strategischere Partnerschaft. Die Verwirklichung dieses Potenzials erfordert jedoch Klarheit über die jeweiligen Prioritäten, Anpassungsbereitschaft und roten Linien.

Germany and Morocco have a long-standing history of development cooperation, which is now evolving amid a rapidly changing regional and international context. This partnership benefits both countries, and there is significant potential for it to deepen. Morocco has emerged as a key actor in North and West Africa, strengthening its economic, military and geopolitical influence. It benefits from German expertise, investment and strategic support. Germany, as a middle power in Europe, relies on Morocco’s cooperation to advance its economic, technological and diplomatic interests in Africa and the Mediterranean.
Global dynamics are reshaping the nature of German–Moroccan cooperation. Traditional development cooperation models, in which Western countries provide aid to countries in the “Global South”, are becoming less relevant. Increasingly, cooperation is taking the form of transactional relationships aimed at realising mutual economic, commercial and political gains. This pragmatic approach nevertheless needs to remain embedded in cooperation norms that emphasise human rights, social inclusion and environmental sustainability. These principles underpin mutual long-term benefits for the societies of both countries.
Germany needs to position itself as a partner that defines its interests clearly, combining strategic and economic collaboration with support for inclusive and sustainable development. Where trade-offs exist, these must be identified, addressed, or, if necessary, lead to Germany refraining from cooperation in certain areas. Morocco, despite important progress in poverty reduction over the past two decades, continues to face significant socio-economic disparities, and inequalities are rising in the context of climate change, limited access to health and education, and opaque
governance. International partners can support Morocco in addressing these issues.
German Chancellor Friedrich Merz has articulated a foreign policy that pursues interests and upholds values via strong partnerships with key countries. Development cooperation is a core component of these relationships, both for addressing sustainable development needs and for opening doors for other relationships, in a comprehensive cooperation policy format. Moroccan government officials, researchers and civil society actors interviewed for this paper stressed that this is exactly the kind of relationship that their country is looking to build.
Looking ahead, four key strategic thematic areas are likely to define cooperation over the next decade:
1. geostrategic interests – particularly the status of Western Sahara and African relations;
2. infrastructure and investment – focusing on public and private sector investment in infrastructure, connectivity and energy;
3. migration, labour markets and training – emphasising legal migration, vocational training, and meeting both countries’ labour market needs; and
4. governance for the common good – including climate action and transparent, accountable and inclusive governance both locally and internationally.
Over more than 50 years, Germany and Morocco have built significant trust through development cooperation, providing a strong foundation for a more strategic partnership. Realising this potential, however, requires clarity on each country’s priorities, adaptability and red lines.

Germany and Morocco have a long-standing history of development cooperation, which is now evolving amid a rapidly changing regional and international context. This partnership benefits both countries, and there is significant potential for it to deepen. Morocco has emerged as a key actor in North and West Africa, strengthening its economic, military and geopolitical influence. It benefits from German expertise, investment and strategic support. Germany, as a middle power in Europe, relies on Morocco’s cooperation to advance its economic, technological and diplomatic interests in Africa and the Mediterranean.
Global dynamics are reshaping the nature of German–Moroccan cooperation. Traditional development cooperation models, in which Western countries provide aid to countries in the “Global South”, are becoming less relevant. Increasingly, cooperation is taking the form of transactional relationships aimed at realising mutual economic, commercial and political gains. This pragmatic approach nevertheless needs to remain embedded in cooperation norms that emphasise human rights, social inclusion and environmental sustainability. These principles underpin mutual long-term benefits for the societies of both countries.
Germany needs to position itself as a partner that defines its interests clearly, combining strategic and economic collaboration with support for inclusive and sustainable development. Where trade-offs exist, these must be identified, addressed, or, if necessary, lead to Germany refraining from cooperation in certain areas. Morocco, despite important progress in poverty reduction over the past two decades, continues to face significant socio-economic disparities, and inequalities are rising in the context of climate change, limited access to health and education, and opaque
governance. International partners can support Morocco in addressing these issues.
German Chancellor Friedrich Merz has articulated a foreign policy that pursues interests and upholds values via strong partnerships with key countries. Development cooperation is a core component of these relationships, both for addressing sustainable development needs and for opening doors for other relationships, in a comprehensive cooperation policy format. Moroccan government officials, researchers and civil society actors interviewed for this paper stressed that this is exactly the kind of relationship that their country is looking to build.
Looking ahead, four key strategic thematic areas are likely to define cooperation over the next decade:
1. geostrategic interests – particularly the status of Western Sahara and African relations;
2. infrastructure and investment – focusing on public and private sector investment in infrastructure, connectivity and energy;
3. migration, labour markets and training – emphasising legal migration, vocational training, and meeting both countries’ labour market needs; and
4. governance for the common good – including climate action and transparent, accountable and inclusive governance both locally and internationally.
Over more than 50 years, Germany and Morocco have built significant trust through development cooperation, providing a strong foundation for a more strategic partnership. Realising this potential, however, requires clarity on each country’s priorities, adaptability and red lines.