Diplomacy & Defense Think Tank News

Der Aufkauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank (EZB) verstößt nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts teilweise gegen das Grundgesetz. DIW-Präsident Marcel Fratzscher kommentiert die Entscheidung des Gerichts:
Das Bundesverfassungsgericht geht mit seinem Urteil zum EZB-Anleihekaufprogramm auf Konfrontationskurs zum Europäischen Gerichtshof. Das Urteil ist aber eher eine Gesichtswahrung für das Bundesverfassungsgericht, das nun zum wiederholten Male Klagen gegen die EZB verhandelt hat. Das Urteil wird nichts Grundlegendes an der EZB-Geldpolitik und ihrer Krisenbekämpfung ändern. Es wird für die EZB leicht sein, die Verhältnismäßigkeit ihrer Käufe zu belegen. Das ermöglicht es dann auch der Bundesbank, sich weiter an den Anleihekäufen zu beteiligen. Das Bundesverfassungsgericht gesteht mit seinem Urteil ein, dass das EZB-Programm keine monetäre Staatsfinanzierung und ein valides geldpolitisches Instrument ist. Der Euroraum befindet sich seit 2008 in der dritten Krise – nach der globalen Finanz- und der europäischen Wirtschaftskrise durchlaufen wir mit der Corona-Pandemie die nun wohl schwierigste Phase. Ohne die EZB könnte Europa aber derartige Krisen nicht meistern. Ein Urteil, das der Bundesbank einen Beitrag zu den EZB-Programmen verboten hätte, wäre nicht nur von der Sache her falsch, sondern auch enorm gefährlich gewesen.

New article takes a critical look at climate change adaptation programming

El mundo espera con impaciencia una vacuna y los tratamientos necesarios para contener las consecuencias humanas, sociales y económicas de la pandemia COVID-19. Pero, ¿cómo se puede garantizar un acceso asequible a las innovaciones médicas, una vez que se encuentren soluciones eficaces y seguras? ¿Y cómo podemos evitar que los gobiernos poderosos aseguren vacunas y medicamentos para sus propios ciudadanos, mientras que los países más pobres quedan al margen? El Gobierno de Costa Rica ha propuesto a la OMS que encabece un esfuerzo mundial para aunar los derechos intelectuales sobre las tecnologías para la detección, prevención, control y tratamiento del Covid-19. La propia Costa Rica está trabajando en soluciones para el tratamiento de Covid-19, basado en el uso de plasma sanguíneo.

El derecho a la salud (artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) da derecho a las personas a recibir los bienes y servicios necesarios para asegurar un nivel decente de atención médica y sanitaria. En la actualidad se refiere al acceso a vacunas, medicamentos, dispositivos (máscaras protectoras) y equipo de tratamiento (ventiladores) en el context de COVID-19. Sin embargo, el gasto sanitario per cápita varía mucho entre los países. En 2017, era de más de 5.000 dólares en Alemania, pero sólo de 69 dólares en la India, 31 dólares en Malí y 25 dólares en Etiopía. Es evidente que muchos Estados no están en condiciones financieras de hacer efectivo el derecho a la salud, pero necesitan apoyo internacional para hacerlo.

Existe una clara tensión entre el derecho humano a la salud y la lógica de la innovación médica, sobre todo, si la última es producto de importantes inversiones en investigación y desarrollo. En principio, cualquier pequeño laboratorio financiado con fondos públicos en cualquier parte del mundo podría hacer un descubrimiento, que conduciría a una innovación crucial. Los inventores se verían entonces recompensados principalmente por su reputación académica, y su innovación podría ser fácilmente llevada al dominio público mundial. Las compañías farmacéuticas de todo el mundo podrían entonces producir vacunas y medicamentos en las cantidades requeridas. Sin embargo, es más probable que las invenciones se produzcan en laboratorios privados del Norte global, ya que sigue habiendo una división muy pronunciada entre el Norte y el Sur en materia de investigación para la salud. En 2009 (últimos datos disponibles), agentes públicos y privados invirtieron globalmente 240.000 millones de dólares en investigación en salud, el 89% en países de altos ingresos. Los países de la OCDE reunen las tres cuartas partes de todos los ensayos clínicos en medicamentos. El sector privado representa el 60% de la investigación en salud.

Podemos debatir la dimensión ética de la obtención de ganacias en el area de la salud, pero la  investigación indica claramente que las perspectivas de obtener beneficios aceleran la innovación. La competencia entre las empresas de tecnología médica puede reducir los costos siempre que se eviten los monopolios. El desarrollo de medicamentos es -en condiciones normales- un negocio a largo plazo (10-15 años) y arriesgado: Según el tipo de medicamento y el proceso de aprobación, sólo entre el 7 y el 45% de todos los medicamentos que entran en la fase de ensayo clínico reciben la aprobación para su comercialización. Por lo tanto, el principal desafío es mantener los incentivos para la investigacaión médica privada, sin dejar a nadie atrás, una vez que se hayan encontrado soluciones eficaces y seguras.

Abogados de la salud e investigadores de todo el mundo elogan la iniciativa de Costa Rica. Puede permitir a los fabricantes de medicamentos genéricos fabricar y vender sus productos a precios mucho más bajos que los que podrían cobrarse en la actual crisis médica mundial. Medicines Patent Pool (MPP), fundado en 2010 por UNITAID, puede servir de modelo para la propuesta. Titulares públicas y privadas de patentes asignaron 18 licencias de medicamentos de alto impacto a MPP, quién a la vez concedió sublicencias a 24 fabricantes (por ejemplo, en la India y Sudáfrica) para que produjeran y distribuyeran versiones genéricas de bajo costo de los medicamentos en 136 países.

Un modelo similar puede funcionar para la vacuna y tratamientos contra COVID-19. Las grandes empresas podrían estar dispuestas a conceder voluntariamente licencias de sus patentes a MPP o UNITAID, teniendo en cuenta el sufrimiento humano y las pérdidas económicas debidas a la pandemia. La compañía israelí Medtronic recientemente puso al dominio público global las especificaciones de diseño completas y los códigos de software de su ventilador portátil. Si otras empresas dudan en seguir este ejemplo, arriesgarían su reputation. Incluso si hubiera que pagar por la licencia de los farmacéuticos, esto podría ocurrir a un precio razonable, si se negocia a gran escala y a nivel multilateral.

Andreas Stamm, German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)

Jeffrey Orozco, Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible

Versión alemana

Versión inglesa

El mundo espera con impaciencia una vacuna y los tratamientos necesarios para contener las consecuencias humanas, sociales y económicas de la pandemia COVID-19. Pero, ¿cómo se puede garantizar un acceso asequible a las innovaciones médicas, una vez que se encuentren soluciones eficaces y seguras? ¿Y cómo podemos evitar que los gobiernos poderosos aseguren vacunas y medicamentos para sus propios ciudadanos, mientras que los países más pobres quedan al margen? El Gobierno de Costa Rica ha propuesto a la OMS que encabece un esfuerzo mundial para aunar los derechos intelectuales sobre las tecnologías para la detección, prevención, control y tratamiento del Covid-19. La propia Costa Rica está trabajando en soluciones para el tratamiento de Covid-19, basado en el uso de plasma sanguíneo.

El derecho a la salud (artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) da derecho a las personas a recibir los bienes y servicios necesarios para asegurar un nivel decente de atención médica y sanitaria. En la actualidad se refiere al acceso a vacunas, medicamentos, dispositivos (máscaras protectoras) y equipo de tratamiento (ventiladores) en el context de COVID-19. Sin embargo, el gasto sanitario per cápita varía mucho entre los países. En 2017, era de más de 5.000 dólares en Alemania, pero sólo de 69 dólares en la India, 31 dólares en Malí y 25 dólares en Etiopía. Es evidente que muchos Estados no están en condiciones financieras de hacer efectivo el derecho a la salud, pero necesitan apoyo internacional para hacerlo.

Existe una clara tensión entre el derecho humano a la salud y la lógica de la innovación médica, sobre todo, si la última es producto de importantes inversiones en investigación y desarrollo. En principio, cualquier pequeño laboratorio financiado con fondos públicos en cualquier parte del mundo podría hacer un descubrimiento, que conduciría a una innovación crucial. Los inventores se verían entonces recompensados principalmente por su reputación académica, y su innovación podría ser fácilmente llevada al dominio público mundial. Las compañías farmacéuticas de todo el mundo podrían entonces producir vacunas y medicamentos en las cantidades requeridas. Sin embargo, es más probable que las invenciones se produzcan en laboratorios privados del Norte global, ya que sigue habiendo una división muy pronunciada entre el Norte y el Sur en materia de investigación para la salud. En 2009 (últimos datos disponibles), agentes públicos y privados invirtieron globalmente 240.000 millones de dólares en investigación en salud, el 89% en países de altos ingresos. Los países de la OCDE reunen las tres cuartas partes de todos los ensayos clínicos en medicamentos. El sector privado representa el 60% de la investigación en salud.

Podemos debatir la dimensión ética de la obtención de ganacias en el area de la salud, pero la  investigación indica claramente que las perspectivas de obtener beneficios aceleran la innovación. La competencia entre las empresas de tecnología médica puede reducir los costos siempre que se eviten los monopolios. El desarrollo de medicamentos es -en condiciones normales- un negocio a largo plazo (10-15 años) y arriesgado: Según el tipo de medicamento y el proceso de aprobación, sólo entre el 7 y el 45% de todos los medicamentos que entran en la fase de ensayo clínico reciben la aprobación para su comercialización. Por lo tanto, el principal desafío es mantener los incentivos para la investigacaión médica privada, sin dejar a nadie atrás, una vez que se hayan encontrado soluciones eficaces y seguras.

Abogados de la salud e investigadores de todo el mundo elogan la iniciativa de Costa Rica. Puede permitir a los fabricantes de medicamentos genéricos fabricar y vender sus productos a precios mucho más bajos que los que podrían cobrarse en la actual crisis médica mundial. Medicines Patent Pool (MPP), fundado en 2010 por UNITAID, puede servir de modelo para la propuesta. Titulares públicas y privadas de patentes asignaron 18 licencias de medicamentos de alto impacto a MPP, quién a la vez concedió sublicencias a 24 fabricantes (por ejemplo, en la India y Sudáfrica) para que produjeran y distribuyeran versiones genéricas de bajo costo de los medicamentos en 136 países.

Un modelo similar puede funcionar para la vacuna y tratamientos contra COVID-19. Las grandes empresas podrían estar dispuestas a conceder voluntariamente licencias de sus patentes a MPP o UNITAID, teniendo en cuenta el sufrimiento humano y las pérdidas económicas debidas a la pandemia. La compañía israelí Medtronic recientemente puso al dominio público global las especificaciones de diseño completas y los códigos de software de su ventilador portátil. Si otras empresas dudan en seguir este ejemplo, arriesgarían su reputation. Incluso si hubiera que pagar por la licencia de los farmacéuticos, esto podría ocurrir a un precio razonable, si se negocia a gran escala y a nivel multilateral.

Andreas Stamm, German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)

Jeffrey Orozco, Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible

Versión alemana

Versión inglesa

El mundo espera con impaciencia una vacuna y los tratamientos necesarios para contener las consecuencias humanas, sociales y económicas de la pandemia COVID-19. Pero, ¿cómo se puede garantizar un acceso asequible a las innovaciones médicas, una vez que se encuentren soluciones eficaces y seguras? ¿Y cómo podemos evitar que los gobiernos poderosos aseguren vacunas y medicamentos para sus propios ciudadanos, mientras que los países más pobres quedan al margen? El Gobierno de Costa Rica ha propuesto a la OMS que encabece un esfuerzo mundial para aunar los derechos intelectuales sobre las tecnologías para la detección, prevención, control y tratamiento del Covid-19. La propia Costa Rica está trabajando en soluciones para el tratamiento de Covid-19, basado en el uso de plasma sanguíneo.

El derecho a la salud (artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) da derecho a las personas a recibir los bienes y servicios necesarios para asegurar un nivel decente de atención médica y sanitaria. En la actualidad se refiere al acceso a vacunas, medicamentos, dispositivos (máscaras protectoras) y equipo de tratamiento (ventiladores) en el context de COVID-19. Sin embargo, el gasto sanitario per cápita varía mucho entre los países. En 2017, era de más de 5.000 dólares en Alemania, pero sólo de 69 dólares en la India, 31 dólares en Malí y 25 dólares en Etiopía. Es evidente que muchos Estados no están en condiciones financieras de hacer efectivo el derecho a la salud, pero necesitan apoyo internacional para hacerlo.

Existe una clara tensión entre el derecho humano a la salud y la lógica de la innovación médica, sobre todo, si la última es producto de importantes inversiones en investigación y desarrollo. En principio, cualquier pequeño laboratorio financiado con fondos públicos en cualquier parte del mundo podría hacer un descubrimiento, que conduciría a una innovación crucial. Los inventores se verían entonces recompensados principalmente por su reputación académica, y su innovación podría ser fácilmente llevada al dominio público mundial. Las compañías farmacéuticas de todo el mundo podrían entonces producir vacunas y medicamentos en las cantidades requeridas. Sin embargo, es más probable que las invenciones se produzcan en laboratorios privados del Norte global, ya que sigue habiendo una división muy pronunciada entre el Norte y el Sur en materia de investigación para la salud. En 2009 (últimos datos disponibles), agentes públicos y privados invirtieron globalmente 240.000 millones de dólares en investigación en salud, el 89% en países de altos ingresos. Los países de la OCDE reunen las tres cuartas partes de todos los ensayos clínicos en medicamentos. El sector privado representa el 60% de la investigación en salud.

Podemos debatir la dimensión ética de la obtención de ganacias en el area de la salud, pero la  investigación indica claramente que las perspectivas de obtener beneficios aceleran la innovación. La competencia entre las empresas de tecnología médica puede reducir los costos siempre que se eviten los monopolios. El desarrollo de medicamentos es -en condiciones normales- un negocio a largo plazo (10-15 años) y arriesgado: Según el tipo de medicamento y el proceso de aprobación, sólo entre el 7 y el 45% de todos los medicamentos que entran en la fase de ensayo clínico reciben la aprobación para su comercialización. Por lo tanto, el principal desafío es mantener los incentivos para la investigacaión médica privada, sin dejar a nadie atrás, una vez que se hayan encontrado soluciones eficaces y seguras.

Abogados de la salud e investigadores de todo el mundo elogan la iniciativa de Costa Rica. Puede permitir a los fabricantes de medicamentos genéricos fabricar y vender sus productos a precios mucho más bajos que los que podrían cobrarse en la actual crisis médica mundial. Medicines Patent Pool (MPP), fundado en 2010 por UNITAID, puede servir de modelo para la propuesta. Titulares públicas y privadas de patentes asignaron 18 licencias de medicamentos de alto impacto a MPP, quién a la vez concedió sublicencias a 24 fabricantes (por ejemplo, en la India y Sudáfrica) para que produjeran y distribuyeran versiones genéricas de bajo costo de los medicamentos en 136 países.

Un modelo similar puede funcionar para la vacuna y tratamientos contra COVID-19. Las grandes empresas podrían estar dispuestas a conceder voluntariamente licencias de sus patentes a MPP o UNITAID, teniendo en cuenta el sufrimiento humano y las pérdidas económicas debidas a la pandemia. La compañía israelí Medtronic recientemente puso al dominio público global las especificaciones de diseño completas y los códigos de software de su ventilador portátil. Si otras empresas dudan en seguir este ejemplo, arriesgarían su reputation. Incluso si hubiera que pagar por la licencia de los farmacéuticos, esto podría ocurrir a un precio razonable, si se negocia a gran escala y a nivel multilateral.

Andreas Stamm, German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)

Jeffrey Orozco, Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible

Versión alemana

Versión inglesa

Die Welt wartet ungeduldig auf einen Impfstoff und Therapien, die die Folgen der COVID-19-Pandemie eindämmen können. Doch wie lässt sich ein bezahlbarer Zugang zu medizinischen Innovationen sicherstellen, wenn erst einmal wirksame und sichere Lösungen gefunden sind? Und wie können wir verhindern, dass sich starke Regierungen Impfstoffe und Medikamente für ihre Bürgerinnen und Bürger sichern, während ärmere Länder leer ausgehen? Die costa-ricanische Regierung hat der WHO vorgeschlagen, eine globale Initiative zu starten, um die Urheberrechte an den Technologien zu bündeln, die für die Erkennung, Prävention, Kontrolle und Behandlung von COVID-19 geeignet sind. Costa Rica selbst forscht an Therapieansätzen, basierend auf der Nutzung von Blutplasma.

Das Recht auf Gesundheit - Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte - gibt dem Einzelnen das Recht, die Leistungen vom Staat zu erhalten, die zur Sicherung eines menschenwürdigen Standards bei der medizinischen Versorgung erforderlich sind. Dies gilt aktuell für den Zugang zu Impfstoffen, Medikamenten, Hilfsmitteln (Schutzmasken) und Ausrüstungen (Beatmungsgeräte) zur Bekämpfung von COVID-19. Jedoch sind die jährlichen Gesundheitsausgaben pro Kopf der Bevölkerung von Land zu Land sehr unterschiedlich. Im Jahr 2017 betrugen sie in Deutschland mehr als 5.000 US-Dollar, aber nur 69 US-Dollar in Indien, 31 US-Dollar in Mali und 25 US-Dollar in Äthiopien. Es ist also offensichtlich, dass viele Staaten finanziell nicht in der Lage sind, das Recht auf Gesundheit zu gewährleisten, sondern dafür internationale Unterstützung benötigen.

Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen dem Menschenrecht auf Gesundheit und der Logik medizinischer Innovation, insbesondere, wenn diese auf bedeutenden Investitionen in Forschung und Entwicklung basieren. Im Prinzip könnte jedes kleine öffentlich finanzierte Labor irgendwo auf der Welt eine Entdeckung machen, die zu einer entscheidenden Innovation führt. Die Erfinder würden dann vor allem durch akademische Reputation belohnt, und ihre Innovation könnte global öffentlich zugänglich werden. Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt könnten dann Impfstoffe und Medikamente in erforderlichen Mengen herstellen. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass Erfindungen in privaten Labors im Globalen Norden gemacht werden, da es im Bereich der Gesundheitsforschung und -entwicklung immer noch ein ausgeprägtes Nord-Süd-Gefälle gibt. Im Jahr 2009 (jüngste verfügbare Daten) investierten öffentliche und private Akteure weltweit 240 Milliarden US-Dollar in die Gesundheitsforschung; 89 Prozent davon in Ländern mit hohem Einkommen. Drei Viertel aller klinischen Studien zu Arzneimitteln finden in OECD-Ländern statt. Auf den privaten Sektor entfallen 60 Prozent der weltweiten Gesundheitsforschung und -entwicklung. Wir mögen über die ethische Dimension von Profitstreben im Gesundheitssektor diskutieren, aber die Forschung zeigt, dass Gewinnaussichten Innovationen beschleunigen. Wettbewerb zwischen Unternehmen kann Kosten senken, solange Monopole vermieden werden. Die Entwicklung von Arzneimitteln ist – unter normalen Bedingungen – ein langfristiges (10-15 Jahre) und risikoreiches Geschäft: Je nach Art des Medikaments und des Zulassungsverfahrens erhalten nur zwischen 7 Prozent und 45 Prozent aller Medikamente, die in die klinische Erprobungsphase eintreten, eine Marktzulassung. Die Herausforderung besteht also darin, Anreize für private medizinische Forschung und Entwicklung beizubehalten und zugleich niemanden auszuschließen, wenn wirksame und sichere Lösungen gefunden worden sind.

Gesundheitsjuristen und Forscher aus der ganzen Welt haben die Initiative Costa Ricas begrüßt. Sie könnte Generikahersteller in die Lage versetzen, ihre Produkte zu wesentlich niedrigeren Preisen herzustellen und zu verkaufen, als in der gegenwärtigen globalen Gesundheitskrise verlangt werden könnten. Der 2010 von UNITAID gegründete Medicines Patent Pool (MPP) kann als Vorbild für den Vorschlag dienen. Öffentliche und private Patentinhaber haben 18 Lizenzen für hochwirksame Medikamente an den MPP vergeben. Dieser hat 24 Herstellern (z.B. in Indien und Südafrika) Unterlizenzen für die Produktion und den Vertrieb von kostengünstigen Generika in 136 Ländern erteilt.

Ein ähnliches Modell kann für COVID-19-Impfstoffe und Medikamente funktionieren. Angesichts des menschlichen Leids und der wirtschaftlichen Verluste durch die Pandemie könnten Unternehmen bereit sein, ihre Patente dem MPP oder UNITAID unentgeltlich zu überlassen. Die israelische Firma Medtronic hat kürzlich die vollständigen Konstruktionsspezifikationen und Software-Codes ihres tragbaren Beatmungsgeräts für jedermann zugänglich gemacht. Sollten andere Unternehmen zögern, diesem Beispiel zu folgen, riskierten sie ihre internationale Reputation. Selbst, wenn für die Lizenzierung von entsprechenden Innovationen bezahlt werden müsste, könnte dies zu einem vernünftigen Preis geschehen, wenn auf multilateraler Ebene verhandelt wird.

Andreas Stamm ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Forschungsprogramms "Transformation der Wirtschafts- und Sozialsysteme" am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE ).

Jeffrey Orozco ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE).

Dieser Text ist Teil einer Sonderreihe unseres Formats Die aktuelle Kolumne, die die Folgen der Corona-Krise entwicklungspolitisch und sozioökonomisch einordnet. Sie finden die weiteren Texte hier auf unserer Überblicksseite.

• Das Corona-Virus als Chance für die internationale Zusammenarbeit
• Warum Soziale Sicherung in der Corona-Krise entscheidend ist
• Wie wir der Klimamigration nach der Corona-Zeit begegnen müssen
• Parallelen zwischen der Corona-Pandemie und dem Klimawandel
• Was wir in der Corona-Krise von und über Afrika lernen können
• Wie die EU und aufstrebende Mächte ihre Zukunft nachhaltig gestalten können
• Wie die Corona-Krise das „Recht auf Stadt“ infrage stellt
• Droht durch Corona eine Verschuldungskrise in den Entwicklungsländern?
• Vertieft die Pandemie die digitale Kluft?
• Pandemiebeka¨mpfung mit demokratischem Weitblick
• So reagieren die Internationalen Finanzinstitutionen auf die Pandemie
• Für einen gerechten Zugang zu Impfstoffen und Therapien gegen COVID-19

Die Welt wartet ungeduldig auf einen Impfstoff und Therapien, die die Folgen der COVID-19-Pandemie eindämmen können. Doch wie lässt sich ein bezahlbarer Zugang zu medizinischen Innovationen sicherstellen, wenn erst einmal wirksame und sichere Lösungen gefunden sind? Und wie können wir verhindern, dass sich starke Regierungen Impfstoffe und Medikamente für ihre Bürgerinnen und Bürger sichern, während ärmere Länder leer ausgehen? Die costa-ricanische Regierung hat der WHO vorgeschlagen, eine globale Initiative zu starten, um die Urheberrechte an den Technologien zu bündeln, die für die Erkennung, Prävention, Kontrolle und Behandlung von COVID-19 geeignet sind. Costa Rica selbst forscht an Therapieansätzen, basierend auf der Nutzung von Blutplasma.

Das Recht auf Gesundheit - Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte - gibt dem Einzelnen das Recht, die Leistungen vom Staat zu erhalten, die zur Sicherung eines menschenwürdigen Standards bei der medizinischen Versorgung erforderlich sind. Dies gilt aktuell für den Zugang zu Impfstoffen, Medikamenten, Hilfsmitteln (Schutzmasken) und Ausrüstungen (Beatmungsgeräte) zur Bekämpfung von COVID-19. Jedoch sind die jährlichen Gesundheitsausgaben pro Kopf der Bevölkerung von Land zu Land sehr unterschiedlich. Im Jahr 2017 betrugen sie in Deutschland mehr als 5.000 US-Dollar, aber nur 69 US-Dollar in Indien, 31 US-Dollar in Mali und 25 US-Dollar in Äthiopien. Es ist also offensichtlich, dass viele Staaten finanziell nicht in der Lage sind, das Recht auf Gesundheit zu gewährleisten, sondern dafür internationale Unterstützung benötigen.

Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen dem Menschenrecht auf Gesundheit und der Logik medizinischer Innovation, insbesondere, wenn diese auf bedeutenden Investitionen in Forschung und Entwicklung basieren. Im Prinzip könnte jedes kleine öffentlich finanzierte Labor irgendwo auf der Welt eine Entdeckung machen, die zu einer entscheidenden Innovation führt. Die Erfinder würden dann vor allem durch akademische Reputation belohnt, und ihre Innovation könnte global öffentlich zugänglich werden. Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt könnten dann Impfstoffe und Medikamente in erforderlichen Mengen herstellen. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass Erfindungen in privaten Labors im Globalen Norden gemacht werden, da es im Bereich der Gesundheitsforschung und -entwicklung immer noch ein ausgeprägtes Nord-Süd-Gefälle gibt. Im Jahr 2009 (jüngste verfügbare Daten) investierten öffentliche und private Akteure weltweit 240 Milliarden US-Dollar in die Gesundheitsforschung; 89 Prozent davon in Ländern mit hohem Einkommen. Drei Viertel aller klinischen Studien zu Arzneimitteln finden in OECD-Ländern statt. Auf den privaten Sektor entfallen 60 Prozent der weltweiten Gesundheitsforschung und -entwicklung. Wir mögen über die ethische Dimension von Profitstreben im Gesundheitssektor diskutieren, aber die Forschung zeigt, dass Gewinnaussichten Innovationen beschleunigen. Wettbewerb zwischen Unternehmen kann Kosten senken, solange Monopole vermieden werden. Die Entwicklung von Arzneimitteln ist – unter normalen Bedingungen – ein langfristiges (10-15 Jahre) und risikoreiches Geschäft: Je nach Art des Medikaments und des Zulassungsverfahrens erhalten nur zwischen 7 Prozent und 45 Prozent aller Medikamente, die in die klinische Erprobungsphase eintreten, eine Marktzulassung. Die Herausforderung besteht also darin, Anreize für private medizinische Forschung und Entwicklung beizubehalten und zugleich niemanden auszuschließen, wenn wirksame und sichere Lösungen gefunden worden sind.

Gesundheitsjuristen und Forscher aus der ganzen Welt haben die Initiative Costa Ricas begrüßt. Sie könnte Generikahersteller in die Lage versetzen, ihre Produkte zu wesentlich niedrigeren Preisen herzustellen und zu verkaufen, als in der gegenwärtigen globalen Gesundheitskrise verlangt werden könnten. Der 2010 von UNITAID gegründete Medicines Patent Pool (MPP) kann als Vorbild für den Vorschlag dienen. Öffentliche und private Patentinhaber haben 18 Lizenzen für hochwirksame Medikamente an den MPP vergeben. Dieser hat 24 Herstellern (z.B. in Indien und Südafrika) Unterlizenzen für die Produktion und den Vertrieb von kostengünstigen Generika in 136 Ländern erteilt.

Ein ähnliches Modell kann für COVID-19-Impfstoffe und Medikamente funktionieren. Angesichts des menschlichen Leids und der wirtschaftlichen Verluste durch die Pandemie könnten Unternehmen bereit sein, ihre Patente dem MPP oder UNITAID unentgeltlich zu überlassen. Die israelische Firma Medtronic hat kürzlich die vollständigen Konstruktionsspezifikationen und Software-Codes ihres tragbaren Beatmungsgeräts für jedermann zugänglich gemacht. Sollten andere Unternehmen zögern, diesem Beispiel zu folgen, riskierten sie ihre internationale Reputation. Selbst, wenn für die Lizenzierung von entsprechenden Innovationen bezahlt werden müsste, könnte dies zu einem vernünftigen Preis geschehen, wenn auf multilateraler Ebene verhandelt wird.

Andreas Stamm ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Forschungsprogramms "Transformation der Wirtschafts- und Sozialsysteme" am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE ).

Jeffrey Orozco ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE).

Dieser Text ist Teil einer Sonderreihe unseres Formats Die aktuelle Kolumne, die die Folgen der Corona-Krise entwicklungspolitisch und sozioökonomisch einordnet. Sie finden die weiteren Texte hier auf unserer Überblicksseite.

• Das Corona-Virus als Chance für die internationale Zusammenarbeit
• Warum Soziale Sicherung in der Corona-Krise entscheidend ist
• Wie wir der Klimamigration nach der Corona-Zeit begegnen müssen
• Parallelen zwischen der Corona-Pandemie und dem Klimawandel
• Was wir in der Corona-Krise von und über Afrika lernen können
• Wie die EU und aufstrebende Mächte ihre Zukunft nachhaltig gestalten können
• Wie die Corona-Krise das „Recht auf Stadt“ infrage stellt
• Droht durch Corona eine Verschuldungskrise in den Entwicklungsländern?
• Vertieft die Pandemie die digitale Kluft?
• Pandemiebeka¨mpfung mit demokratischem Weitblick
• So reagieren die Internationalen Finanzinstitutionen auf die Pandemie
• Für einen gerechten Zugang zu Impfstoffen und Therapien gegen COVID-19

Die Welt wartet ungeduldig auf einen Impfstoff und Therapien, die die Folgen der COVID-19-Pandemie eindämmen können. Doch wie lässt sich ein bezahlbarer Zugang zu medizinischen Innovationen sicherstellen, wenn erst einmal wirksame und sichere Lösungen gefunden sind? Und wie können wir verhindern, dass sich starke Regierungen Impfstoffe und Medikamente für ihre Bürgerinnen und Bürger sichern, während ärmere Länder leer ausgehen? Die costa-ricanische Regierung hat der WHO vorgeschlagen, eine globale Initiative zu starten, um die Urheberrechte an den Technologien zu bündeln, die für die Erkennung, Prävention, Kontrolle und Behandlung von COVID-19 geeignet sind. Costa Rica selbst forscht an Therapieansätzen, basierend auf der Nutzung von Blutplasma.

Das Recht auf Gesundheit - Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte - gibt dem Einzelnen das Recht, die Leistungen vom Staat zu erhalten, die zur Sicherung eines menschenwürdigen Standards bei der medizinischen Versorgung erforderlich sind. Dies gilt aktuell für den Zugang zu Impfstoffen, Medikamenten, Hilfsmitteln (Schutzmasken) und Ausrüstungen (Beatmungsgeräte) zur Bekämpfung von COVID-19. Jedoch sind die jährlichen Gesundheitsausgaben pro Kopf der Bevölkerung von Land zu Land sehr unterschiedlich. Im Jahr 2017 betrugen sie in Deutschland mehr als 5.000 US-Dollar, aber nur 69 US-Dollar in Indien, 31 US-Dollar in Mali und 25 US-Dollar in Äthiopien. Es ist also offensichtlich, dass viele Staaten finanziell nicht in der Lage sind, das Recht auf Gesundheit zu gewährleisten, sondern dafür internationale Unterstützung benötigen.

Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen dem Menschenrecht auf Gesundheit und der Logik medizinischer Innovation, insbesondere, wenn diese auf bedeutenden Investitionen in Forschung und Entwicklung basieren. Im Prinzip könnte jedes kleine öffentlich finanzierte Labor irgendwo auf der Welt eine Entdeckung machen, die zu einer entscheidenden Innovation führt. Die Erfinder würden dann vor allem durch akademische Reputation belohnt, und ihre Innovation könnte global öffentlich zugänglich werden. Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt könnten dann Impfstoffe und Medikamente in erforderlichen Mengen herstellen. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass Erfindungen in privaten Labors im Globalen Norden gemacht werden, da es im Bereich der Gesundheitsforschung und -entwicklung immer noch ein ausgeprägtes Nord-Süd-Gefälle gibt. Im Jahr 2009 (jüngste verfügbare Daten) investierten öffentliche und private Akteure weltweit 240 Milliarden US-Dollar in die Gesundheitsforschung; 89 Prozent davon in Ländern mit hohem Einkommen. Drei Viertel aller klinischen Studien zu Arzneimitteln finden in OECD-Ländern statt. Auf den privaten Sektor entfallen 60 Prozent der weltweiten Gesundheitsforschung und -entwicklung. Wir mögen über die ethische Dimension von Profitstreben im Gesundheitssektor diskutieren, aber die Forschung zeigt, dass Gewinnaussichten Innovationen beschleunigen. Wettbewerb zwischen Unternehmen kann Kosten senken, solange Monopole vermieden werden. Die Entwicklung von Arzneimitteln ist – unter normalen Bedingungen – ein langfristiges (10-15 Jahre) und risikoreiches Geschäft: Je nach Art des Medikaments und des Zulassungsverfahrens erhalten nur zwischen 7 Prozent und 45 Prozent aller Medikamente, die in die klinische Erprobungsphase eintreten, eine Marktzulassung. Die Herausforderung besteht also darin, Anreize für private medizinische Forschung und Entwicklung beizubehalten und zugleich niemanden auszuschließen, wenn wirksame und sichere Lösungen gefunden worden sind.

Gesundheitsjuristen und Forscher aus der ganzen Welt haben die Initiative Costa Ricas begrüßt. Sie könnte Generikahersteller in die Lage versetzen, ihre Produkte zu wesentlich niedrigeren Preisen herzustellen und zu verkaufen, als in der gegenwärtigen globalen Gesundheitskrise verlangt werden könnten. Der 2010 von UNITAID gegründete Medicines Patent Pool (MPP) kann als Vorbild für den Vorschlag dienen. Öffentliche und private Patentinhaber haben 18 Lizenzen für hochwirksame Medikamente an den MPP vergeben. Dieser hat 24 Herstellern (z.B. in Indien und Südafrika) Unterlizenzen für die Produktion und den Vertrieb von kostengünstigen Generika in 136 Ländern erteilt.

Ein ähnliches Modell kann für COVID-19-Impfstoffe und Medikamente funktionieren. Angesichts des menschlichen Leids und der wirtschaftlichen Verluste durch die Pandemie könnten Unternehmen bereit sein, ihre Patente dem MPP oder UNITAID unentgeltlich zu überlassen. Die israelische Firma Medtronic hat kürzlich die vollständigen Konstruktionsspezifikationen und Software-Codes ihres tragbaren Beatmungsgeräts für jedermann zugänglich gemacht. Sollten andere Unternehmen zögern, diesem Beispiel zu folgen, riskierten sie ihre internationale Reputation. Selbst, wenn für die Lizenzierung von entsprechenden Innovationen bezahlt werden müsste, könnte dies zu einem vernünftigen Preis geschehen, wenn auf multilateraler Ebene verhandelt wird.

Andreas Stamm ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Forschungsprogramms "Transformation der Wirtschafts- und Sozialsysteme" am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE ).

Jeffrey Orozco ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE).

Dieser Text ist Teil einer Sonderreihe unseres Formats Die aktuelle Kolumne, die die Folgen der Corona-Krise entwicklungspolitisch und sozioökonomisch einordnet. Sie finden die weiteren Texte hier auf unserer Überblicksseite.

• Das Corona-Virus als Chance für die internationale Zusammenarbeit
• Warum Soziale Sicherung in der Corona-Krise entscheidend ist
• Wie wir der Klimamigration nach der Corona-Zeit begegnen müssen
• Parallelen zwischen der Corona-Pandemie und dem Klimawandel
• Was wir in der Corona-Krise von und über Afrika lernen können
• Wie die EU und aufstrebende Mächte ihre Zukunft nachhaltig gestalten können
• Wie die Corona-Krise das „Recht auf Stadt“ infrage stellt
• Droht durch Corona eine Verschuldungskrise in den Entwicklungsländern?
• Vertieft die Pandemie die digitale Kluft?
• Pandemiebeka¨mpfung mit demokratischem Weitblick
• So reagieren die Internationalen Finanzinstitutionen auf die Pandemie
• Für einen gerechten Zugang zu Impfstoffen und Therapien gegen COVID-19

The outbreak of COVID-19 as a global health emergency and the resulting socio-economic crisis is testing global structures of cooperation. The challenges give rise to new forms and expressions of transnational solidarity. The UN Secretary-General titled one of his articles on COVID-19 “We will come through this together” – reminding us that no country can tackle this issue alone and cooperation is crucial for addressing existing challenges. In April 2020, UNDP Seoul Policy Centre held a series of webinar discussions where representatives from think tanks around the world presented their views on what to expect in the area of international (development) cooperation after the pandemic. This blog post, while not intending to represent the views either of our panellists or of UNDP, is informed by the discussion at those webinars.

The outbreak of COVID-19 as a global health emergency and the resulting socio-economic crisis is testing global structures of cooperation. The challenges give rise to new forms and expressions of transnational solidarity. The UN Secretary-General titled one of his articles on COVID-19 “We will come through this together” – reminding us that no country can tackle this issue alone and cooperation is crucial for addressing existing challenges. In April 2020, UNDP Seoul Policy Centre held a series of webinar discussions where representatives from think tanks around the world presented their views on what to expect in the area of international (development) cooperation after the pandemic. This blog post, while not intending to represent the views either of our panellists or of UNDP, is informed by the discussion at those webinars.

The outbreak of COVID-19 as a global health emergency and the resulting socio-economic crisis is testing global structures of cooperation. The challenges give rise to new forms and expressions of transnational solidarity. The UN Secretary-General titled one of his articles on COVID-19 “We will come through this together” – reminding us that no country can tackle this issue alone and cooperation is crucial for addressing existing challenges. In April 2020, UNDP Seoul Policy Centre held a series of webinar discussions where representatives from think tanks around the world presented their views on what to expect in the area of international (development) cooperation after the pandemic. This blog post, while not intending to represent the views either of our panellists or of UNDP, is informed by the discussion at those webinars.

With a collective responsibility for 80% of global greenhouse gas emissions, while representing 80% of global wealth, it is imperative that the countries of the G20 throw their weight behind the implementation of both the Paris Climate Agree-ment and the 2030 Agenda for Sustainable Development. In the past, the G20 has demonstrated that it can do that. The G20 Summit in November 2015 in Antalya, Turkey, provided strong support for the climate agreement signed a month later at the UN Climate Change Conference (COP21) in Paris. In 2016 in Hangzhou, China, the G20 adopted an Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development and committed to “further align its work” with the 2030 Agenda. Even though both agendas have emerged in the multilateral context of the United Nations system, the G20 is expected to exert strong political leadership to address global climate change and to achieve sustainable development.
Yet, since 2017 the G20 has struggled to provide such leadership, as support for multilateral commitments, especially those involving ambitious climate actions, appears to be fading. Crucially, opposition to strong multilateral climate policy in the US and Brazil resorts to outright climate denialism at the highest levels of government. These developments are challenging the G20, and BRICS and the G7 for that matter, to sustain support for multilateral commitments on climate and sustainable development. The rise of populist and unilaterally minded parties in European club members may further the risk of side-lining climate and sustainability-related issues in the G20 process. This does not bode well at a time when the G20’s support could be a vital ingredient for the success of the United Nations’ summits on climate action and sustainable development, both scheduled to convene in New York in September 2019 – less than three months after the Osaka G20 Summit in Japan.
Following our analysis, we identify four ways forward that should be conducive to harnessing the G20’s economic weight and political clout to push more ambitious global action towards climate-friendly sustainable development, in spite of apparent discrepancies between domestic agendas and global understandings:

Strive for strong political declarations in support of the multilateral commitments on climate and sustainable development. Yet, focus at the same time on advancing specific issue-centred initiatives that are palatable to domestic audiences and compatible with the objectives of the Paris Agreement and 2030 Agenda, without framing them as “climate policy” or “sustainability policy”.

Embrace non-state and subnational actors as strategic partners to safeguard continuity in times of antagonistic member governments and volatile policies, as well as to build capacities and strengthen implementation of pertinent policies. The so-called G20 Engagement Groups representing business, labour, civil society, women and think tanks are key partners in this respect.

G20 workstreams should strive to co-produce specific climate- and sustainability-related initiatives across G20 workstreams as a means to overcome policy silos and to increase ownership and uptake beyond the “usual suspects”.
The Think20 (T20) should concentrate – rather than further expand – pertinent expertise and policy advice to leverage crosscutting action by G20 workstreams. Furthermore, detaching its working approach from the official G20 calendar could improve its ability to inform strategic agenda setting.

With a collective responsibility for 80% of global greenhouse gas emissions, while representing 80% of global wealth, it is imperative that the countries of the G20 throw their weight behind the implementation of both the Paris Climate Agree-ment and the 2030 Agenda for Sustainable Development. In the past, the G20 has demonstrated that it can do that. The G20 Summit in November 2015 in Antalya, Turkey, provided strong support for the climate agreement signed a month later at the UN Climate Change Conference (COP21) in Paris. In 2016 in Hangzhou, China, the G20 adopted an Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development and committed to “further align its work” with the 2030 Agenda. Even though both agendas have emerged in the multilateral context of the United Nations system, the G20 is expected to exert strong political leadership to address global climate change and to achieve sustainable development.
Yet, since 2017 the G20 has struggled to provide such leadership, as support for multilateral commitments, especially those involving ambitious climate actions, appears to be fading. Crucially, opposition to strong multilateral climate policy in the US and Brazil resorts to outright climate denialism at the highest levels of government. These developments are challenging the G20, and BRICS and the G7 for that matter, to sustain support for multilateral commitments on climate and sustainable development. The rise of populist and unilaterally minded parties in European club members may further the risk of side-lining climate and sustainability-related issues in the G20 process. This does not bode well at a time when the G20’s support could be a vital ingredient for the success of the United Nations’ summits on climate action and sustainable development, both scheduled to convene in New York in September 2019 – less than three months after the Osaka G20 Summit in Japan.
Following our analysis, we identify four ways forward that should be conducive to harnessing the G20’s economic weight and political clout to push more ambitious global action towards climate-friendly sustainable development, in spite of apparent discrepancies between domestic agendas and global understandings:

Strive for strong political declarations in support of the multilateral commitments on climate and sustainable development. Yet, focus at the same time on advancing specific issue-centred initiatives that are palatable to domestic audiences and compatible with the objectives of the Paris Agreement and 2030 Agenda, without framing them as “climate policy” or “sustainability policy”.

Embrace non-state and subnational actors as strategic partners to safeguard continuity in times of antagonistic member governments and volatile policies, as well as to build capacities and strengthen implementation of pertinent policies. The so-called G20 Engagement Groups representing business, labour, civil society, women and think tanks are key partners in this respect.

G20 workstreams should strive to co-produce specific climate- and sustainability-related initiatives across G20 workstreams as a means to overcome policy silos and to increase ownership and uptake beyond the “usual suspects”.
The Think20 (T20) should concentrate – rather than further expand – pertinent expertise and policy advice to leverage crosscutting action by G20 workstreams. Furthermore, detaching its working approach from the official G20 calendar could improve its ability to inform strategic agenda setting.

With a collective responsibility for 80% of global greenhouse gas emissions, while representing 80% of global wealth, it is imperative that the countries of the G20 throw their weight behind the implementation of both the Paris Climate Agree-ment and the 2030 Agenda for Sustainable Development. In the past, the G20 has demonstrated that it can do that. The G20 Summit in November 2015 in Antalya, Turkey, provided strong support for the climate agreement signed a month later at the UN Climate Change Conference (COP21) in Paris. In 2016 in Hangzhou, China, the G20 adopted an Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development and committed to “further align its work” with the 2030 Agenda. Even though both agendas have emerged in the multilateral context of the United Nations system, the G20 is expected to exert strong political leadership to address global climate change and to achieve sustainable development.
Yet, since 2017 the G20 has struggled to provide such leadership, as support for multilateral commitments, especially those involving ambitious climate actions, appears to be fading. Crucially, opposition to strong multilateral climate policy in the US and Brazil resorts to outright climate denialism at the highest levels of government. These developments are challenging the G20, and BRICS and the G7 for that matter, to sustain support for multilateral commitments on climate and sustainable development. The rise of populist and unilaterally minded parties in European club members may further the risk of side-lining climate and sustainability-related issues in the G20 process. This does not bode well at a time when the G20’s support could be a vital ingredient for the success of the United Nations’ summits on climate action and sustainable development, both scheduled to convene in New York in September 2019 – less than three months after the Osaka G20 Summit in Japan.
Following our analysis, we identify four ways forward that should be conducive to harnessing the G20’s economic weight and political clout to push more ambitious global action towards climate-friendly sustainable development, in spite of apparent discrepancies between domestic agendas and global understandings:

Strive for strong political declarations in support of the multilateral commitments on climate and sustainable development. Yet, focus at the same time on advancing specific issue-centred initiatives that are palatable to domestic audiences and compatible with the objectives of the Paris Agreement and 2030 Agenda, without framing them as “climate policy” or “sustainability policy”.

Embrace non-state and subnational actors as strategic partners to safeguard continuity in times of antagonistic member governments and volatile policies, as well as to build capacities and strengthen implementation of pertinent policies. The so-called G20 Engagement Groups representing business, labour, civil society, women and think tanks are key partners in this respect.

G20 workstreams should strive to co-produce specific climate- and sustainability-related initiatives across G20 workstreams as a means to overcome policy silos and to increase ownership and uptake beyond the “usual suspects”.
The Think20 (T20) should concentrate – rather than further expand – pertinent expertise and policy advice to leverage crosscutting action by G20 workstreams. Furthermore, detaching its working approach from the official G20 calendar could improve its ability to inform strategic agenda setting.

The pandemic is a test of trust and confidence in the Putin presidency